CCD A FAVOR DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES


COMPROMISOS NOV 9

Félix Antonio Calleja Bolado portavoz del grupo municipal CI-CCD en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin presento una moción en el pleno del ayuntamiento de Aldeamayor para defender las pensiones publicas,que fue aprobada por todos los grupos polÍticos.

El portavoz del grupo politico municipal CI-CCD en el ayuntamiento de Aldeamayor de San Matin Félix Antonio Calleja presento una moción para solicitar” al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, que pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones”, que es aprobada por todos los grupos políticos del ayuntamiento.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Félix Antonio Calleja expuso en su intervención que en los últimos años, especialmente entre 2013 y 2016, se ha dado un proceso de deterioro del Sistema Público de Pensiones y de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Vivimos una situación de alarma social por el peligro que corre uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, un eje de solidaridad intergeneracional e interterritorial. Las Pensiones Públicas no solo son un derecho, un símbolo de progreso y una conquista democrática, sino que estos años han supuesto un auténtico colchón para miles de familias durante la crisis. Y lo siguen siendo.

Por eso es necesario reaccionar para protegerlas por encima de cualquier correlación de fuerzas política, sin importar cuál sea el color del gobierno o la situación del país. Toda la ciudadanía se merece que las Pensiones Públicas sean tratadas como la columna vertebral del Estado social, un derecho que permanece al margen de cualquier disputa política, de diferencias ideológicas o de proyecto en el marco de las instituciones democráticas.

Por estas razones se crea, en abril de 2013, la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP),a la que pertenece CCD, con el objetivo de promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas.

Es necesario según Calleja promover un amplio debate ciudadano abierto y público en el que toda la sociedad tenga la oportunidad de conocer con seriedad, rigor y profundidad las diferentes posiciones y alternativas que existen sobre el futuro de las pensiones. Un debate imprescindible para que la ciudadanía pueda formarse, en condiciones de igualdad para todas las opciones, una opinión fundamentada.

Para ello, es imprescindible un amplio movimiento social que, sin distinción de ideologías, credos religiosos o siglas partidistas, una a quienes creemos que el mantenimiento de un sistema de pensiones públicas dignas es una lucha que afecta a toda la ciudadanía. Cualquier recorte, cualquier rebaja, cualquier empeoramiento en las condiciones de acceso a la pensión afecta a nuestro poder adquisitivo, a nuestra calidad de vida presente o futura. Preservar y mejorar el actual Sistema Público de Pensiones va en beneficio del conjunto de la sociedad. Y toda la sociedad debe implicarse en su defensa.

 

Desde esta convicción, la MERP llama a promover e impulsar la recogida de firmas, el debate, la reflexión y la participación mayoritaria de la sociedad en un asunto de tan vital trascendencia. Y llama a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa. A participar activamente en recoger un aluvión de cientos de miles, de millones de firmas que evidencien la opinión de una inmensa mayoría ante un asunto de tan vital trascendencia.

 

Cobrar una pensión pública digna es un derecho inquebrantable proclamado por la Constitución española y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pensiones dignas y suficientes no pueden depender de nada más que de la voluntad política por garantizar un derecho. Y aún así, es tanta la pluralidad de opiniones y alternativas rigurosas sobre las pensiones, sobre su sostenibilidad, sobre los ingresos que deben financiarlas, y sobre las diferentes formas de redistribuir la riqueza para asegurar un derecho tan básico, que ninguna cuestión técnica, ni alternativa de gestión puede estar por encima de su defensa y garantía.

 

Por eso, en el marco de la Constitución y la legalidad vigente consideramos necesario ampliar el espíritu que ya recoge la Carta Magna, promoviendo una reforma que modifique el artículo que establece la garantía de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, en el sentido de que se refuerce como obligación y mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos, la prohibición de cualquier tipo de privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones. Tocar las pensiones es cruzar una línea roja que no debemos permitir.

La MERP está formada ya por 170 organizaciones y 95 personalidades que son un ejemplo de pluralidad ideológica, política y territorial, y de sectores representativos de la sociedad, lo que evidencia el apoyo social a la iniciativa y a sus objetivos. Es importante según Calleja que el municipalismo participe en este debate, aporte iniciativas y se posicione en algo de tanta trascendencia para el conjunto de la ciudadanía. (CCD ya participo este mismo año con la MERP en la instalación de diferentes mesas en todo el territorio Español en la recogida firmas para presentar una iniciativa legislativa popular para defender las pensiones).

Es por todo ello que, el ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin aprobó instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, co-pagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas. Y dar traslado de estos acuerdos al Gobierno y al Congreso de los Diputados.