CCD presenta una moción en los Ayuntamientos para el blindaje de las pensiones


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CCD presenta una moción en los Ayuntamientos en los que tiene representación para el blindaje de las pensiones:

 

En los últimos años, especialmente entre 2013 y 2016, se ha dado un proceso de deterioro del Sistema Público de Pensiones y de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Vivimos una situación de alarma social por el peligro que corre uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, un eje de solidaridad intergeneracional e interterritorial. Las Pensiones Públicas no solo son un derecho, un símbolo de progreso y una conquista democrática, sino que estos años han supuesto un auténtico colchón para miles de familias durante la crisis. Y lo siguen siendo.

Por eso es necesario reaccionar para protegerlas por encima de cualquier correlación de fuerzas política, sin importar cuál sea el color del gobierno o la situación del país. Toda la ciudadanía se merece que las Pensiones Públicas sean tratadas como la columna vertebral del Estado social, un derecho que permanece al margen de cualquier disputa política, de diferencias ideológicas o de proyecto en el marco de las instituciones democráticas.

Por estas razones se crea, en abril de 2013, la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), de la que forma parte Coalición de Centro Democrático (CCD) desde su fundación, con el objetivo de promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, co-pagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas.

Cobrar una pensión pública digna es un derecho inquebrantable proclamado por la Constitución española y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pensiones dignas y suficientes no pueden depender de nada más que de la voluntad política por garantizar un derecho. Y aún así, es tanta la pluralidad de opiniones y alternativas rigurosas sobre las pensiones, sobre su sostenibilidad, sobre los ingresos que deben financiarlas, y sobre las diferentes formas de redistribuir la riqueza para asegurar un derecho tan básico, que ninguna cuestión técnica, ni alternativa de gestión puede estar por encima de su defensa y garantía.

Por eso, en el marco de la Constitución y la legalidad vigente consideramos necesario ampliar el espíritu que ya recoge la Carta Magna, promoviendo una reforma que modifique el artículo que establece la garantía de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, en el sentido de que se refuerce como obligación y mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos, la prohibición de cualquier tipo de privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones. Tocar las pensiones es cruzar una línea roja que no debemos permitir.

Por ello CCD ha presentado mociones en los Ayuntamientos en los que tiene representación institucional para instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, co-pagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas.