CCD EN DEFENSA DE LA ACCIÓN POPULAR


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CCD EN DEFENSA DE LA ACCIÓN POPULAR

Desde CCD Coalición de Centro Democrático, queremos manifestar nuestra postura en defensa de la acción popular y nuestra oposición a las tesis del Ministro de Justicia Sr. Catalá, y de quien se avenga a los pactos que propongan el bloqueo de la acción popular.

Nuestra Constitución de 1978 – pacto que garantiza la pacífica convivencia nacional -, proclaman que España se constituye como un Estado democrático de Derecho, en el que la ciudadanía participa en el ejercicio de los tres poderes; concretamente en el judicial se materializa principalmente a través de las figuras del Tribunal del Jurado y del ejercicio de la acción popular. El art. 125 de la CE y el 19.1 de la L. O. del Poder Judicial dan vida a estos mandatos concretos de corte constitucional.

Con el ejercicio de la acción popular cualquier ciudadano, está legitimado para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos. Constituyéndose con su uso, en cauce de participación del elector en la administración de justicia; y, no se olvide por su importancia, de control del ejercicio de la misma.

La acción popular se he revelado como una institución de máxima eficacia para la pervivencia de la democracia, al imponer la actuación y control popular de la administración de justicia frente a la alianza entre los poderes económicos, el Gobierno y el Ministerio Fiscal.

Los casos Gürtel, Bankia, Tarjetas Black, Noos, Preferentes, Curso de formación, Caja Burgos, Caja Segovia, y un largo etc., son ejemplos evidentes en los que la acción popular ha sido una salvaguarda de los intereses del pueblo soberano en conocer, perseguir a los culpables, y controlar el sometimiento a legalidad de las actuaciones procesales.

No se pueden olvidar supuestos tan palmarios como la sustitución de los jueces incómodos, o actuaciones en las que el mejor abogado de la defensa es el Ministerio Fiscal, para darse cuenta de la importancia que, en la España de la criminalidad política, tiene la pervivencia de un resorte independiente que permita, con un correcto uso, la tutela judicial del interés nacional en la persecución y desenmascaramiento de los vividores y desaprensivos, que acceden a la política sin más ánimo que esquilmar las arcas públicas, o hacer del ejercicio del poder un abuso gregario y espurio de las atribuciones que les han sido delegadas.

Por todo ello, desde CCD Coalición de Centro Democrático, queremos dejar constancia pública que solo es viable una reforma del ejercicio del acción popular, cuando su cometido sea evitar un uso sin sentido e inopinado de la misma como arma para remover o descalificar al rival político, pero nunca para evitar que el interés soberano en conocer las acciones de los gobernantes sea sorteado. Y en esa aspecto, le corresponde más función a la administración judicial, exacerbando la tutela de las garantías jurídicas en los procedimientos, desechando las denuncias o querellas falaces, que a la acción legislativa recortando los derechos de orden constitucional que garantizan la participación del ciudadano en el control del ejercicio de los poderes públicos.

CCD Coalición de Centro Democrático