CCD pide incorporar cláusulas sociales en procedimientos de contratación públicas

CCD pide incorporar cláusulas sociales en procedimientos de contratación públicas

La reciente reforma laboral ha supuesto, respecto del sistema de adjudicación de las licitaciones para la prestación de servicios por parte de los Ayuntamientos, que algunas de las empresas adjudicatarias realicen ofertas económicas temerarias, imponiendo a los trabajadores y trabajadoras condiciones de trabajo muy inferiores a las pactadas por el conjunto del sector.

Con el fin de paliar esta situación, y teniendo en cuenta que la legislación vigente permite que los órganos de contratación incluyan condiciones especiales de tipo social tendentes a promover la ocupación, eliminar la desigualdad entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, combatir el paro, etc

Por ello CCD apuesta por impulsar una ocupación de calidad, incorporando en todas las licitaciones municipales cláusulas sociales introducidas a través de especificaciones técnicas, criterios de solvencia, criterios de adjudicación o a través de condiciones especiales, de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 118.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público.

Concretamente, se introducirán cláusulas sociales que hagan referencia al respeto a las condiciones de trabajo pactadas en el Convenio Colectivo de Sector o de empresa; la subrogación de todos los trabajadores y trabajadoras afectados por la concesión que salga a licitación; la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social y/o personas con diversidad funcional; la promoción de la calidad y estabilidad en la ocupación fijando cláusulas porcentuales a la contratación temporal; la mejora de la capacitación profesional mediante formación en el puesto de trabajo; el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la salvaguardia de la seguridad y salud laboral; la conciliación de la vida personal y laboral o, entre otros, la mejor accesibilidad de personas con diversidad funcional.

Todo ello de conformidad con el espíritu de la normativa del Parlamento Europeo y teniendo en cuenta las necesidades y características de los ciudadanos de cada municipio, previo estudio y análisis de su situación y necesidades de los mismos.